El Open Banking y las Finanzas Abiertas, una estrategia abrazada por la banca mexicana, representan no solo una transformación tecnológica, sino también un cambio de paradigma en la forma en que interactuamos con los servicios financieros.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta el tercer trimestre de 2023, México contaba con más de 82 millones de cuentas de banca móvil, lo que representa un aumento significativo desde 2017, con una tasa anual de crecimiento del 14.2 %.
Este fenómeno no es exclusivo de México, ya que otros países como el Reino Unido, Brasil y Australia han avanzado en la implementación del Open Banking con casos de éxito. La regulación promovida por la Unión Europea en 2015 marcó el inicio de esta transformación, al impulsar la compartición segura y eficiente de datos financieros mediante la Directiva de Servicios de Pago.
Las proyecciones del mercado respaldan esta tendencia. Según un informe de Allied Market Research, el valor del Open Banking a nivel mundial rondaba los 14 mil millones de dólares en 2020, y se espera que supere los 124 mil millones de dólares para 2031, con un crecimiento anual compuesto del 22.3 %.
Dicho esto, la implementación efectiva del Open Banking en México no sería posible sin una regulación adecuada que respalde este nuevo paradigma. En este sentido, las autoridades mexicanas han demostrado una evolución significativa en su postura hacia las Finanzas Abiertas.
La adopción del Open Banking en México ha sido facilitada por la Ley Fintech, promulgada en 2018, lo que posicionó al país en la vanguardia de la innovación financiera en la región. Además, eventos como el “Open Banking Townhall” han destacado la creciente disposición de los reguladores para colaborar con el sector financiero en la creación de una normativa adecuada.
La colaboración entre las autoridades, el sector Fintech y los bancos es crucial para el éxito de las Finanzas Abiertas en México. Empresarios han subrayado la importancia de esta cooperación, señalando un cambio positivo en la actitud de las instituciones financieras y reguladoras hacia la adopción de estas nuevas tecnologías.