La inclusión financiera en México se encuentra en una fase crucial, impulsada por la próxima incorporación de la figura de “comisionista digital” en la legislación nacional. Esta medida tiene el potencial de transformar el acceso a servicios financieros en el país, especialmente en áreas desatendidas.
Actualmente, solo el 49 % de las personas mayores de 15 años en México tienen una cuenta en una institución financiera o utilizan un proveedor de dinero móvil. Esta cifra es considerablemente inferior a la media de América Latina, que es del 73 %, según el Banco Mundial. En comparación, países como Brasil y Chile presentan tasas de inclusión financiera del 84 % y el 77 %, respectivamente.
En este contexto, la digitalización ha desempeñado un papel significativo en la inclusión financiera en México. De acuerdo con la Asociación Fintech México, el 40 % de los usuarios de Fintechs ingresaron al sector financiero formal a través de estas plataformas.
El 30 de abril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó un anteproyecto de regulación para la figura del “comisionista de base tecnológica” o “comisionista digital” a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Esta nueva figura permitirá a las instituciones financieras colaborar con empresas tecnológicas para ofrecer servicios financieros a través de plataformas digitales, ampliando la cobertura a 239 municipios adicionales a los 1,859 ya atendidos por comisionistas físicos.
Este marco regulatorio busca formalizar prácticas de “banking as a service” (BaaS) y “fintech as a service” (FaaS) que, desde 2015, han operado mediante aplicaciones fintech no autorizadas para captar fondos. Empresas de movilidad como Uber, inDrive y DiDi podrían convertirse en comisionistas de base tecnológica, facilitando a sus conductores la apertura de cuentas bancarias y el acceso a otros productos financieros directamente desde sus aplicaciones.
La inclusión del comisionista digital en la legislación también tiene como objetivo resolver problemas operativos y de costos asociados con los canales presenciales, como el uso de efectivo y la necesidad de desplazarse a establecimientos físicos. Al aprovechar la red de telecomunicaciones, que es más extensa que la de establecimientos físicos, se facilitará el acceso a servicios financieros en más municipios.
A pesar de los beneficios, la propuesta no ha sido ampliamente discutida con todos los sectores involucrados, incluyendo grandes tecnológicas como Amazon, Google, Apple y Samsung. Esto genera interrogantes sobre el impacto en las operaciones de plataformas que facilitan pagos y servicios comerciales, y la posible entrada de jugadores globales como We Pay o Ali Pay en el mercado mexicano.
Un desafío relevante será la carga operativa para los comisionistas digitales y tradicionales, así como para los terceros involucrados en los procesos operativos. La necesidad de proporcionar “cifras de control”, “estructuras de información” y “pruebas de operación” a auditores externos y a la CNBV podría incrementar la complejidad y los costos operativos.
Para los neobancos y las plataformas digitales asociadas con bancos tradicionales, mantener una red de corresponsales representa un costo considerable. La percepción de que el supervisor bancario podría carecer de la capacidad institucional y tecnológica necesaria para auditar y supervisar de manera efectiva la relación entre comisionistas digitales y fintechs, como ejemplifica la plataforma Albo, añade otra capa de complejidad.